El Año Internacional de las Cooperativas 2025, declarado por la ONU bajo el lema “Las cooperativas construyen un mundo mejor”, está siendo una oportunidad clave para visibilizar el valor del modelo cooperativo a nivel mundial. En este contexto, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) ha solicitado a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León su apoyo al manifiesto del cooperativismo, con el objetivo de convertirlo en una declaración institucional.
La iniciativa busca consolidar el reconocimiento político e institucional a las cooperativas, especialmente en una comunidad como Castilla y León, donde el cooperativismo agroalimentario cuenta con más de un siglo de historia y una fuerte implantación territorial, social y económica.
Cooperativas con impacto real en el territorio
El cooperativismo en Castilla y León no es anecdótico. Representa un pilar estructural del medio rural y de la economía regional. Urcacyl recuerda algunas cifras contundentes:
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Más de 40.000 familias vinculadas como socios o trabajadores.
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Cuatro de las diez mayores cooperativas de primer grado de España están en Castilla y León.
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Las cooperativas de la región son las segundas de mayor facturación del país, solo por detrás de Andalucía.
Además, muchas de las principales empresas en provincias como Soria o Zamora son cooperativas, lo que refuerza su papel en la vertebración territorial y la revitalización de las zonas rurales.
Un manifiesto con cinco pilares fundamentales
El manifiesto elaborado por Urcacyl —y ya firmado por numerosas cooperativas y Cajas Rurales— defiende la esencia y aportación del cooperativismo con cinco grandes ejes:
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Revitalización del medio rural, ofreciendo empleo y servicios que fijan población.
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Apoyo a los productores, garantizando una retribución justa y participación en la cadena de valor.
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Compromiso democrático, con principios de participación, transparencia y autonomía.
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Seguridad alimentaria y trazabilidad, mediante controles técnicos rigurosos.
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Innovación y responsabilidad social, apostando por I+D y colaboración con universidades e instituciones.
Una llamada al compromiso político
Urcacyl apela directamente al artículo 16.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que obliga a los poderes públicos a promover la economía social y, de forma explícita, el cooperativismo. También recuerda el artículo 129.2 de la Constitución Española, que establece un mandato similar en el plano estatal.
Además, se subraya que la propia resolución de la ONU insta a las administraciones a:
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Promover marcos legislativos favorables.
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Mejorar el acceso a financiación y competitividad.
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Establecer mecanismos de consulta con el sector cooperativo.
En este sentido, Urcacyl reclama que la aprobación del manifiesto vaya más allá del simbolismo y marque un compromiso estable y estructural de apoyo al sector cooperativo en Castilla y León.
Desde la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social, valoramos esta iniciativa como una acción coherente y necesaria en un momento clave para el movimiento cooperativo. Visibilizar, respaldar e institucionalizar el papel de las cooperativas no es solo una cuestión de justicia histórica, sino una apuesta por un modelo económico más democrático, resiliente y sostenible.