La Economía Social europea ha dado un paso más en su proceso de consolidación institucional al reclamar que el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 reconozca explícitamente a este modelo empresarial como una prioridad estratégica. La petición fue trasladada en Bruselas por Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe (SEE), durante un debate celebrado en el Parlamento Europeo con representantes de las principales instituciones comunitarias.
Un modelo empresarial clave para el futuro de Europa
Durante el encuentro se puso de manifiesto que la Economía Social no debe ser considerada únicamente como una herramienta de cohesión social, sino como un actor económico fundamental para afrontar algunos de los grandes retos europeos: la competitividad empresarial, la innovación, la transición ecológica y digital, la reindustrialización, la creación de empleo de calidad y la autonomía estratégica de la Unión Europea.
La relevancia de este ecosistema es notable. En la Unión Europea operan más de 4,3 millones de empresas y entidades de Economía Social, que generan alrededor de 12 millones de empleos y contribuyen de forma significativa al desarrollo económico y territorial de los Estados miembros.
Tres prioridades para el Marco Financiero 2028-2034
Social Economy Europe planteó tres grandes líneas de actuación para que la Economía Social tenga una presencia real en el futuro presupuesto comunitario:
- Mantener un Fondo Social Europeo fuerte, visible y autónomo, como principal instrumento de inversión en empleo de calidad, inclusión social y desarrollo de capacidades.
- Reconocer expresamente a la Economía Social como prioridad en los instrumentos financieros europeos, proponiendo que al menos un 7 % de los recursos del Fondo Social Europeo se destinen a actuaciones específicas dirigidas a este modelo empresarial.
- Integrar plenamente a la Economía Social en el futuro Fondo Europeo de Competitividad, garantizando su participación en las políticas industriales, de innovación, transición ecológica y digital y autonomía estratégica.
Estas propuestas buscan consolidar el reconocimiento político que la Economía Social ha ido adquiriendo en los últimos años y traducirlo en mecanismos financieros capaces de impulsar su crecimiento y su capacidad transformadora.
Un amplio respaldo institucional
El debate celebrado en Bruselas evidenció la existencia de un importante consenso institucional en torno al valor estratégico de la Economía Social. Representantes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Gobierno de España coincidieron en la necesidad de reforzar el apoyo a este modelo empresarial dentro de las futuras políticas comunitarias.
Entre las intervenciones destacó la de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, quien subrayó los avances logrados gracias al Plan de Acción Europeo para la Economía Social y recordó el amplio respaldo ciudadano que recibe este modelo según los estudios europeos más recientes. Asimismo, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, reiteró el compromiso de España con una Economía Social fuerte y visible dentro del próximo marco presupuestario europeo.
Una oportunidad para reforzar la Economía Social europea
La negociación del próximo presupuesto europeo será decisiva para definir las prioridades económicas y sociales de la Unión durante la próxima década. En un contexto marcado por la transformación tecnológica, la transición ecológica, las tensiones geopolíticas y los desafíos demográficos, la Economía Social se presenta como un modelo capaz de combinar competitividad económica, resiliencia empresarial y cohesión social.
Para las universidades, centros de investigación y entidades vinculadas al sector, este proceso representa una oportunidad para seguir impulsando el conocimiento, la innovación y la transferencia de buenas prácticas. Desde la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid, el seguimiento de estas iniciativas resulta especialmente relevante, ya que permiten analizar cómo las políticas europeas pueden favorecer el desarrollo de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y otras entidades de la Economía Social en España y en Castilla y León.
La evolución de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual permitirá comprobar hasta qué punto la Unión Europea traduce en recursos concretos el creciente reconocimiento institucional que la Economía Social ha alcanzado en los últimos años.