La contratación pública puede desempeñar un papel que vaya más allá de la prestación de un servicio, contribuyendo también a la generación de empleo, la inclusión social y el desarrollo económico de los territorios. Así se puso de manifiesto en una jornada celebrada en Ávila por el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) y Fundabem, según informa RTVE.
El encuentro analizó la dimensión social de la contratación pública y, especialmente, las posibilidades que ofrece la normativa para favorecer la participación de las entidades de la Economía Social en determinados procedimientos de contratación.
La dimensión social de la contratación pública
La incorporación de criterios sociales a la contratación pública permite tener en cuenta, además de las condiciones económicas de una prestación, su posible impacto sobre el empleo y la cohesión social.
Según recoge RTVE, durante la jornada se recordó que esta dimensión social se incorporó al marco normativo español a partir de las directivas europeas de 2014 y de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.
Entre las herramientas analizadas destaca la reserva de contratos, que permite orientar determinadas contrataciones hacia entidades con una finalidad social. Esta posibilidad puede beneficiar, entre otras, a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
Impacto en el empleo y en el territorio
La contratación pública con criterios sociales puede generar efectos que van más allá del servicio objeto del contrato. El empleo generado por las entidades de Economía Social puede contribuir a la inclusión laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, al tiempo que favorece la actividad económica.
La jornada también puso de relieve el potencial de estas herramientas para reforzar la actividad económica en el medio rural y favorecer la igualdad de oportunidades, vinculando así la contratación pública con objetivos de desarrollo territorial.
Entre las experiencias expuestas se encuentra la de Salamanca, donde se ha desarrollado una instrucción específica para aplicar la reserva de contratos en la Administración municipal. El ejemplo pone de manifiesto la importancia del trabajo de los equipos técnicos de las administraciones a la hora de incorporar estas posibilidades a los procedimientos de contratación.
Economía Social y contratación pública
La contratación pública constituye, por tanto, uno de los ámbitos en los que las administraciones pueden favorecer la participación y el desarrollo de las entidades de la Economía Social, aprovechando los instrumentos que contempla la legislación vigente.
Para las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y otras entidades del sector, conocer estas herramientas y su aplicación práctica resulta relevante tanto para su actividad como para su contribución a objetivos de empleo inclusivo, cohesión territorial y desarrollo económico y social.
Desde la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid consideramos de especial interés seguir difundiendo iniciativas y experiencias que permitan conocer el papel de la Economía Social y su relación con las políticas públicas y el desarrollo de los territorios.