La economía social se ha consolidado como un fenómeno clave en el panorama económico contemporáneo. En un contexto global marcado por las desigualdades, la crisis ambiental y la incertidumbre social, este modelo propone una alternativa sólida: situar a las personas y al bienestar colectivo en el centro de la actividad económica, por encima del lucro como fin último.

Lejos de ser una idea reciente, la economía social hunde sus raíces en las primeras cooperativas y mutualidades del siglo XIX, surgidas como respuesta a las desigualdades del capitalismo industrial. Hoy, en pleno siglo XXI, su mensaje cobra nueva fuerza frente a retos como la crisis climática, la precariedad laboral o la exclusión social.

El concepto de sostenibilidad empresarial está íntimamente vinculado con la economía social. Ambas visiones comparten una misma meta: garantizar la viabilidad a largo plazo sin renunciar a tres pilares esenciales:

• • Económico: ser rentable y eficiente.
  • Social: generar bienestar colectivo.
  • Ambiental: proteger y respetar el medio ambiente.

En definitiva, una empresa sostenible —y, por extensión, una entidad de economía social— no busca solo beneficios económicos, sino que asume una responsabilidad activa con su entorno humano y ecológico.

La economía social agrupa actividades económicas y empresariales que, dentro del ámbito privado, persiguen intereses colectivos y sociales antes que la rentabilidad individual. Es un modelo basado en valores como:

• • Solidaridad
  • Equidad
  • Participación democrática
  • Compromiso con el entorno

Su esencia radica en priorizar a las personas sobre el capital. Las entidades de este sector responden a necesidades humanas y sociales —empleo digno, inclusión, igualdad de oportunidades, sostenibilidad o cohesión comunitaria— antes que al beneficio económico.

Desde el punto de vista institucional, la economía social cuenta con un amplio reconocimiento internacional, promovido por organismos como la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Comité Económico y Social Europeo. En España, la Ley 5/2011, de Economía Social, ofrece una definición precisa:

“El conjunto de actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo entidades que persiguen el interés general económico o social, o ambos, con arreglo a una serie de principios.”

El ecosistema de la economía social es diverso. Lo integran organizaciones y entidades que comparten principios comunes, aunque adopten diferentes formas jurídicas. Todas coinciden en su vocación de servicio al bien común y en su gestión democrática y participativa.

1. Cooperativas

Empresas propiedad de sus socios, que participan activamente en la gestión. Buscan satisfacer las necesidades de sus miembros más que maximizar beneficios.

2. Mutualidades

Entidades sin ánimo de lucro que ofrecen servicios de previsión, asistencia o seguros a sus miembros. Se sustentan en la solidaridad interna y actúan en ámbitos sanitarios, educativos o asistenciales.

3. Fundaciones

Organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven el interés general en áreas como la cultura, la ciencia o la cooperación.

4. Asociaciones

Agrupan personas que comparten un fin común en beneficio de sus miembros o de la sociedad. Cuando desarrollan actividades económicas con impacto social, se integran de pleno en el ámbito de la economía social.

5. Empresas de inserción

Combinan actividad económica con acompañamiento social y formativo, creando empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social.

6. Centros especiales de empleo

Empresas que facilitan trabajo a personas con discapacidad, garantizando su integración laboral en entornos adaptados.

7. Sociedades laborales

Empresas mercantiles donde la mayoría del capital pertenece a los propios trabajadores. Este modelo equilibra eficiencia empresarial con gestión democrática.

El funcionamiento de las entidades de economía social se apoya en una serie de principios compartidos, reconocidos tanto por la legislación española como por las instituciones europeas:

• • Primacía de las personas y del fin social sobre el capital.
  • Gestión democrática y participativa.
  • Distribución equitativa de los excedentes.
  • Compromiso con el desarrollo local y sostenible.
  • Independencia respecto a los poderes públicos.

España es referente europeo en economía social, tanto por su tradición cooperativa como por su marco legal. La Ley 5/2011 situó al país a la vanguardia del reconocimiento institucional del sector.

Entre las entidades más relevantes destacan:

• • Cooperativas: más de 17 000 en activo, generando más de 300 000 empleos directos.
  • Mutualidades: esenciales en la protección social complementaria.
  • Empresas de inserción: más de 250 organizaciones activas que ofrecen empleo a personas en situación de vulnerabilidad.
  • Centros especiales de empleo: más de 2 100 centros que emplean a unas 80 000 personas con discapacidad.
  • Sociedades laborales: implantadas en sectores industriales y de servicios.
  • Fundaciones y asociaciones: más de 30 000 entidades activas en el tercer sector.
  • CEPES: principal organismo representativo de la economía social en España.

La economía social representa una forma distinta de entender la actividad económica: más inclusiva, más democrática y más solidaria. En un mundo en transformación, este modelo ofrece respuestas sostenibles y justas a los grandes desafíos globales, combinando eficiencia empresarial con responsabilidad social y ambiental.

Impulsar la economía social no es solo una cuestión técnica o política. Es, sobre todo, una decisión ética: una apuesta por una economía al servicio de las personas y de la sociedad.